hablemos de talento: Calidad institucional y competitividad de la economía española

He estado leyendo el artículo ‘Calidad institucional y Competitividad de la Economía española: una realidad comparada’ de los profesores de la Universidad de Vigo Xosé Carlos Arias y Gonzalo Caballero. Partiendo del “Institutions matter” (las instituciones importan) y del análisis de Acemoglu y Robinson en ‘Por qué fracasan las naciones’ (2012), la NEI (Nueva Economía Institucional) analiza la relación entre las “reglas del juego” reales y la eficiencia económica. La NEI partió de Coase (costes de transacción, 1937), Douglas North (cambio institucional), Elinor Ormstrom (gobernanza) y Oliver Williamson (gobernanza de la empresa). Acemoglu y Robinson distinguieron entre instituciones políticas y económicas, inclusivas y extractivas. Así se diferencia un modelo de Estado “contractual” (ético, independiente) y “depredador” (al servicio de unos pocos), si bien no son compartimentos estancos. Según los autores, la transición política (1975-1978) incluyó la autodisolución del Estado depredador y la gestación del Estado contractual con la Constitución y la adhesión a la Comunidad Económica Europea (1986).

Sin embargo, la Productividad Total de los Factores (PTF) cayó en España un 0’7% anual de 1995 a 2007 y subió un 0’4% anual en la UE y un 0’7% en EEUU durante el mismo periodo. Las causas son el atraso tecnológico y el déficit de capital humano, el minifundismo empresarial y la baja calidad directiva. El GCR (Global Competitiveness Report) lo explica sobre todo desde la mala calidad institucional (España es el nº 65, con un 3’9 sobre 7), lo que aporta el 25%. En competitividad, la posición 33ª (4’59). En calidad institucional, “España está en el vagón de cola de los países desarrollados”, por la interferencia del sector público.

Siempre según Arias y Caballero, nuestro país tiene grandes oportunidades de mejora en el funcionamiento del sistema judicial, las distorsiones entre política y empresas, la desconfianza y el peso de la burocracia, sin olvidar “los lastres en el sistema de ciencia y tecnología, la formación de capital humano y el tamaño medio empresarial”. Durante la crisis, ha habido deterioros adicionales.

El sistema político español es una democracia plena (8’02, nº 25 en el ranking), en tanto que Grecia, Portugal o Italia son “democracias defectuosas”, según el The Economist Intelligence Unit. Sin embargo, volviendo al GCR, en “derroche de gasto público” España ocupa la posición nº 111 del mundo (2’5 sobre 7), en “favoritismo en las decisiones del gobierno” el nº 78 (2’9) y en “confianza en los políticos” la nº 108 (2’3). Respecto a la corrupción, España ocupa en 2012 la posición nº 30 entre los países menos corruptos del mundo (65 puntos, frente a los 90 de Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda). En 2015, la posición nº 36. La corrupción supone inequívocamente la existencia de incentivos perversos contra el desarrollo del país. Según el CIS, en marzo de 2013 la política era uno de los tres principales problemas para el 31’4% de los españoles. Con la crisis, la desconfianza en el Parlamento ha subido del 22’9% (2009) al 51’1% (2013). Descontento social que se ha convertido en descontento con los políticos; a medida que el desempleo ha subido estos años, la confianza se ha desplomado. La percepción de la independencia judicial, que en Finlandia es del 6’6 y en Dinamarca, Holanda, Reino Unido o Japón supera el 6, en España es del 3’5 (GCR, 2015-2016). El sistema judicial cuenta con escasos recursos (la mitad de jueces por cada 100.000 habitantes que en el Reino Unido), lenta (una media de resolución de 510 días), de baja calidad (36’5% de las sentencias revocadas por instancias superiores) y mal valorada (por el 53% de los españoles). Respecto a la Administración, es heredera de la burocracia franquista (ley de 1963). En la facilidad para abrir negocios, en 2016 España ocupaba el puesto nº 36 (en 2009, el nº 49).